Escribe para El OJO, Waldemar Monsalve, presidente Instituto Ecología Chile Austral.
A menos que pensemos que las ubicuas leyes del mercado son capaces de determinar las desventajas sociales de la degradación ambiental, la única posibilidad de controlar la responsabilidad ambiental de las empresas es mediante el ejercicio del control social, mediatizado por un conjunto de leyes y corporizado en un sistema eficiente de control público.

Como sabemos, el miércoles fue un día histórico para nuestro país. En efecto, ha comenzado la vigencia de la nueva institucionalidad ambiental. Ahora tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, en ejercicio pleno, junto con el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya no podemos conformarnos o lamentar, que todo comenzaba y terminaba en la Conama, o sea, la extinguida Comisión Nacional del Medio Ambiente. Además, deberán instalarse tribunales ambientales, en tres lugares del país: Antofagasta, Santiago y Valdivia.

Observamos que se están produciendo hechos que van en la dirección positiva, y que permiten albergar esperanzas y convicciones, para perseverar en la construcción de soluciones que signifiquen respeto por la naturaleza y por los ciudadanos que habitan los territorios donde se pretende emplazar proyectos que pueden generar impactos negativos.

Así, por ejemplo, “El Mercurio”, en edición de esta semana, informó que:
“HidroAysén define que línea de transmisión entre Chaitén y Puerto Montt será submarina. Según datos de la empresa, cada kilómetro bajo el mar es siete veces más caro que por tierra. Los 160 kilómetros bajo el mar son paralelos al Parque Pumalín, y se tomó la decisión de llevar bajo el agua esta parte del tendido que llevará a Santiago la energía del complejo hidroeléctrico de cinco centrales, para no intervenir una zona rica en bosques de alerce”.

Ahora bien, las reacciones a esta noticia han sido de aprobación y alivio. Así el Alcalde de Cochamó, don Carlos Soto declaró: es excelente. Creo que nos han tomado en cuenta porque queremos preservar turismo, la flora y la fauna de nuestra zona”. A su vez, el alcalde de Hualaihué, don Fredy Ibacache, expresó: “Sabíamos de la posibilidad de que estas torres ingresaran a la comuna. Era una preocupación. Si bien no estamos en contra del desarrollo y sabemos que el país necesita energía, meter las torres en esta zona era destruir uno de los focos fundamentales de desarrollo que tenemos, como el turismo”.

En la provincia de Osorno hemos sabido de parecidas expresiones de preocupación y rechazo al tendido eléctrico que otra empresa pretende instalar a todo lo largo de la ribera sur del Lago Rupanco.

Los alcaldes de Puerto Octay y de Puyehue han encabezado las gestiones para evitar que la institucionalidad ambiental sea utilizada en contra de los intereses de la comunidad y de la riqueza paisajística de estos hermosos territorios. Y ya ven ustedes que la verdad y las soluciones comienzan a aparecer.

La empresa SAESA ha presentado una propuesta de cambio de trazado de su línea eléctrica, en reuniones con los concejales comunales de Puerto Octay y Puyehue, que se realizaron el 27 y 28 de septiembre pasado. Y yo pregunto a ustedes: ¿no les parece que traer una línea eléctrica bajo tierra sería también una solución para Rupanco?

Hoy sábado a las 11 horas habrá reunión pública en el sector Piedras Negras; a las 15 horas en sector Chacay, y a las 18 horas en Desagüe Rupanco, para interesados de ambas comunas.

Es auspicioso y alentador observar que un conflicto ambiental puede conducirse por las vías de la participación, de la adecuada información, de la actitud con disposición a consultar, a responder y escuchar, en base a respeto mutuo y consideración entre sectores público y privado. Basta entender que provoca malestar el hecho de que una empresa eléctrica planifique con varios meses de anticipación los pasos que seguirá para obtener permisos ambientales y servidumbres eléctricas. En cambio, las autoridades municipales y los vecinos del sector afectado, es decir, los propietarios con cuyos terrenos se cuenta para ser atravesados por las líneas de transmisión eléctrica, se enteran tardíamente, cuando se enteran. Ahí se genera el conflicto. Por ello, en el caso del proyecto Línea Eléctrica Nalcas-Aihuapi, la Municipalidad de Puerto Octay, en base a un acuerdo de su Concejo, por unanimidad, rechazó el proyecto, y pidió un adecuado Estudio de Impacto Ambiental.

En consecuencia, invito a ustedes a mantenerse atentos al desarrollo de los hechos y a la participación de los actores. Viene al caso citar al distinguido geógrafo argentino Carlos Reboratti:

“La responsabilidad individual tiene en primer lugar un control individual, generado por el conocimiento y la educación: la mejor manera de evitar que se produzca la degradación es en primer lugar saber que se está produciendo un daño. De allí que para muchos el primer paso necesario para una conciencia ambiental es la educación ambiental. Pero la responsabilidad individual también está controlada por otros niveles (colectivo y social) que representan el interés de la sociedad.


“Más complejo es el tema de la responsabilidad empresarial, porque estas instituciones ni se guían por una ética o moral individual (un conjunto de valores sociales y culturales, socialmente transmitidos y aceptados) ni responden al interés social o colectivo, sino que simplemente se guían por los dictados de la economía, esa extraña ciencia social que tiende a desconocer los valores sociales. A menos que pensemos que las ubicuas leyes del mercado son capaces de determinar las desventajas sociales de la degradación ambiental, la única posibilidad de controlar la responsabilidad ambiental de las empresas es mediante el ejercicio del control social, mediatizado por un conjunto de leyes y corporizado en un sistema eficiente de control público”.